Participantes: Amparo Martínez, Elena Álvarez-Buylla Roces, Rolando Espinosa Hernández, Omar Masera Cerutti, Consuelo Bonfil Sanders, Antonio Turrent Fernández, Andrés Barreda Marín, Pablo Padilla Longoria, Víctor Toledo Manzur.
A lo largo del presente año, la UCCS ha desarrollado una serie de actividades… expedientes….
En el presente documento se reproduce y amplía parte de la información difundida en este acto. Para mayores informes, consulte nuestra página electrónica: www.unionccs.net
Observatorio Socioambiental
(Presentado por Elena Álvarez-Buylla y Rolando Espinosa)
Actualmente la crisis ambiental en nuestro país se presenta con determinaciones cada vez más complejas. El modo en que vivimos cotidianamente sus diversas manifestaciones nos obliga a considerar que esta crisis ha producido nuevas y más profundas formas de degradación en cada vez más espacios de la reproducción social, los cuales anteriormente pensábamos infranqueables. En algunos casos se han generado daños ambientales muy difíciles de remediar o prácticamente irreversibles.
Buena parte de las iniciativas que intentan dar respuesta o solución a distintos aspectos de los conflictos ambientales son abanderados por gobiernos y empresas. Pero estas iniciativas han tenido impactos limitados en lograr soluciones sustentables, en aclarar sus causas o en prevenir nuevas problemáticas. Esto se debe, probablemente, a que dichos sectores están interesados generalmente en los beneficios que posibilita la orientación electoral o comercial de la gestión ambiental, más que en la prevención o solución sustentable de los problemas ambientales y sus consecuencias sociales. En muchas ocasiones impera: la falta de transparencia y calidad en la fundamentación técnico-científica de las evaluaciones de impacto ambiental y, en ocasiones, la corrupción y el desdén o, incluso, la represión de las iniciativas de la ciudadanía por recuperar y hacerse de mejores condiciones de subsistencia. Por otra parte, existe un renovado interés de grandes empresas por el negocio de la remediación o presunta limpieza del agua (plantas de tratamiento), de la tierra y del aire en un entorno contaminado por estas mismas u otras empresas, pero esto se hace de manera aislada y sin evaluaciones integrales de sustentabilidad.
Hoy en día, ya es insoslayable el profundo reclamo popular a las instituciones políticas y sociales por la adopción de un nuevo tipo de racionalidad ambiental, pues la actual crisis socioambiental plantea la impostergable necesidad de generar alternativas colectivas y realmente democráticas que permitan prevenir o solucionar de manera sustentable los problemas anquilosados en un medio ambiente cada vez más intoxicado y en una salud pública considerablemente agravada.
México es quizá uno de los países del mundo en donde existe mayor impunidad y ocultamiento de la responsabilidad de numerosas empresas, en ocasiones en colaboración con el poder público, en torno al saqueo, destrucción del medio ambiente y los consecuentes daños económicos y sociales a la población. También han dominado planes de desarrollo con profundos impactos ambientales sin que medien estudios científico-técnicos rigurosos o programas integrales para minimizar o mitigar efectivamente los daños al entorno.
En nuestro país, algunos movimientos ambientalistas o grupos ciudadanos de comunidades directamente afectadas han tenido éxitos y frutos en remediar o evitar daños ambientales. Sin embargo, no se tiene una sistematización y análisis científico-técnico de estos casos exitosos y, ante la bastedad y complejidad de esta crisis ecológica, sus logros se hacen apenas visibles en medio del desgaste y la derrota de muchos otros intentos de prevenir nuevos desastres ambientales o rescatar ambientes deteriorados.
Con estos antecedentes, resulta inaplazable el ejercicio de una actividad científica y técnica con una profunda ética socioambiental. Es imprescindible que la comunidad de científicos, técnicos y académicos asuma su responsabilidad de contribuir activamente con sus conocimientos y capacidades analítico-técnicas para: (1) sustentar con rigor las demandas socio-ambientales, (2) desentrañar las causas de los principales casos de deterioro ambiental y (3) delinear estrategias para prevenir nuevos casos o solucionarlos. Es también imprescindible generar las herramientas necesarias para establecer vínculos virtuosos y sinergias positivas entre los distintos esfuerzos para prevenir y solucionar los problemas ambientales y sus consecuencias sociales. Con esta responsabilidad y propósito, y en este contexto, quienes integramos la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad ponemos al servicio de la comunidad científica y público en general el Observatorio socioambiental. Esperamos que este proyecto se constituya en un espacio de transparencia, cotejo, análisis y gestión colectiva que, con un sólido fundamento científico, sirva para revertir la dinámica de deterioro socioambiental que padecemos en nuestro país.
¿Qué es el Observatorio socioambiental?
El Observatorio socioambiental se encargará de integrar y fundamentar en una plataforma cartográfica los principales casos de destrucción ambiental que han suscitado protestas o conflictos sociales en todo el territorio nacional. Sobre la misma base cartográfica, también se recopilarán y documentarán los casos de éxito en la autogestión, prevención o solución de problemáticas ambientales. Ambas bases de datos cartografiadas en la escala nacional se vincularán con otras bases de datos que permitirán hacer análisis integrales y causales de las problemáticas ambientales (i. e., desarrollos o infraestructuras objetos de análisis de impacto ambiental, recursos naturales, etc.) Con el apoyo de estas bases de datos, se podrán cotejar y comparar los distintos estudios de impacto ambiental disponibles o proponer los datos y análisis faltantes para cada caso. Asimismo, el Observatorio será una herramienta de monitoreo, transparencia, vinculación y análisis de la información pública disponible sobre los espacios nacionales más gravemente afectados por la crisis ambiental, así como de las principales experiencias autogestivas de manejo sustentable de los recursos naturales desarrolladas por comunidades y organizaciones urbanas y rurales o, en su caso, por entidades públicas o privadas que registren casos de éxito.
La principal herramienta de divulgación del Observatorio será la publicación en la página de la UCCS (www.unionccs.net) de una serie de mapas temáticos con la información de lo que paulatinamente será un expediente nacional sobre los impactos y causas de la crisis ambiental, así como de las posibles soluciones ensayadas en algunos sitios o de formas de prevención de nuevos casos de deterioro.
Todos los conflictos, problemas o alternativas presentados en el expediente electrónico incluirán una ficha con una descripción general y los enlaces a la información documental más relevante que sustenta cada caso: evaluaciones técnicas, procedimientos jurídicos y administrativos, leyes y normas oficiales, estudios epidemiológicos o de salud pública, manifestaciones de impacto ambiental, planes de ordenamiento, estudios científicos, etc. De la misma manera, la información estará vinculada a los materiales testimoniales (en formato de texto, audio o video) que los afectados o las comunidades u otras instancias involucradas hayan publicado.
El Observatorio socioambiental paulatinamente servirá para articular y potenciar esfuerzos en pro de un medio ambiente digno y del trabajo de asesoría multidisciplinaria de la comunidad académica y científica vinculada con la UCCS.
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México ante el Cambio Climático
Programa de trabajo: Cambio climático UCCS
(Omar Massera)
El cambio climático es tal vez la arista más visible de la crisis ambiental y energética planetaria, y una manifestación de los límites del modelo de desarrollo económico actual. Los modelos y escenarios climáticos demuestran que los siguientes veinte años constituyen nuestra “ventana de oportunidad” para revertir las tendencias actuales y minimizar los efectos negativos del calentamiento global. Es vital que todas las naciones contribuyamos de forma proporcional para reducir globalmente las emisiones actuales de gases de efecto invernadero por lo menos un 50% antes del año 2050, de acuerdo con nuestras responsabilidades comunes, pero diferenciadas entre países y sectores sociales. La UCCS considera que enfrentar el cambio climático requiere una movilización social inmediata con un enfoque integral que incorpore las esferas económica, social, tecnológica y ambiental.
Consideramos que México debería tener un papel mucho más protagónico tanto en las negociaciones internacionales como al interior, dada su alta vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, y debido a que ocupa el lugar 14 por sus emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, actuar preventivamente es mucho más efectivo que tratar de remediar los efectos una vez que el calentamiento del planeta se haya acentuado.
Una estrategia integral para enfrentar el cambio climático debe incluir acciones para reducir la vulnerabilidad socioambiental de nuestro país, mejorar la adaptación a los impactos del cambio climático y reducir también nuestras emisiones de gases contaminantes, buscando sinergias entre estos procesos. Deben identificarse medidas y políticas cuyo desarrollo tendría impactos positivos sobre la seguridad energética y alimentaria, la creación de empleos, la organización social, el desarrollo tecnológico, la conservación de los recursos naturales, la suficiencia energética y la salud pública, entre otras.
Específicamente, una política integral y con visión de largo plazo debería incluir: a) medidas de adaptación y de reducción de la vulnerabilidad socioambiental. Deben protegerse la infraestructura y los medios básicos de subsistencia, en recursos como energía, alimentación y agua, al mejorar nuestras proyecciones y evaluación de riesgos a nivel regional y micro-regional; b) acelerar la transición energética, la implementación de fuentes renovables de energía y la eficiencia energética (estimamos que para el año 2050, la mitad de la producción de energía podría provenir de estas fuentes); c) conservar y restaurar nuestros bosques, eliminando la deforestación actual (que alcanza la cantidad de 500,000 hectáreas al año) y restaurando de manera efectiva las áreas degradadas; d) un sistema alimentario basado en la producción agroecológica de cultivos y ganado, y en sistemas locales de insumo-producto; y e) cambios estructurales, por ejemplo, nuevos diseños de áreas urbanas y transporte, así como hábitos de consumo sustentable de los ciudadanos.
Consideramos finalmente que, como científicos, tenemos un papel y una responsabilidad muy importante para enfrentar el cambio climático: como informadores, como generadores de nuevo conocimiento y visiones de progreso social; así como en articular un nuevo paradigma de ciencia que ligue más efectivamente nuestras investigaciones con las acciones concretas para alcanzar una sociedad más sustentable.
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Programa: Bosques, selvas y recursos naturales
(Particpantes: Consuelo Bonfil, Fernanda Figueroa, Gabriela Monroy, Ximena García y Bruno Barrales)
El programa busca documentar y analizar las causas y consecuencias de los procesos de deforestación y cambio en el uso del suelo, bajo una perspectiva socioambiental, considerando que dicha comprensión constituye una vía fundamental en la construcción de alternativas para el desarrollo sustentable.
Su programa de trabajo incluye el diagnóstico de la situación actual de los bosques y selvas del país, y el análisis de las causas y los factores asociados con su deterioro, en especial las políticas públicas ligadas al modelo de desarrollo. Asímismo, pretende realizar una evaluación crítica de las alternativas de conservación y manejo de recursos naturales, bajo una perspectiva de sustentabilidad.
En una primera etapa, se ha abordado el análisis de una región prioritaria, dada la importancia de sus bosques, su gran biodiversidad y su papel insustituible en la provisión de servicios ambientales: la Región Lacandona. Esta región experimenta elevadas tasas de deforestación, asociadas con fenómenos sociales y políticos complejos, cuya solución requiere de un análisis multidisciplinario, y del establecimiento de políticas públicas coherentes con su importancia y su complejidad ambiental, social y cultural.
El objetivo último de este análisis es generar lineamientos para la elaboración de políticas dirigidas al desarrollo social, ligadas a la prevención y mitigación de impactos ambientales, y a la sustentabilidad de las actividades productivas; así como proponer estrategias y programas de conservación, restauración y provisión de servicios ecosistémicos, que permitan mantener o restituir la base de recursos naturales y garanticen mejores condiciones de vida para la población rural de la Región Lacandona.
Hasta la fecha, el programa de Bosques, selvas y recursos naturales ha formado un acervo de información documental sistematizado y ha elaborado un sistema de información geográfica, que contiene información de los factores ligados a los procesos socioambientales regionales. Al finalizar esta etapa se buscará socializar este conocimiento y fomentar una discusión amplia que permita enriquecer el análisis y los planteamientos a partir del intercambio con otras instituciones y grupos sociales.
También es necesario lograr el crecimiento del grupo de trabajo de forma que incluya a un mayor número de académicos, estudiantes y personas interesadas en los bosques y selvas del país, por lo que los invitamos a participar en este programa.
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Ciencia y sustentabilidad
(Víctor M. Toledo)
Predomina en el mundo una visión mítica de la ciencia. Dentro de esa visión, aparece el investigador científico, generalmente masculino, como un individuo objetivo y equilibrado que, utilizando un “método universal”, se dedica a realizar aportes para el bien de la humanidad o de la especie. Esta concepción idealizada de la ciencia, la cual por cierto se empeñan en reproducir la mayoría de los mensajes de divulgación científica, hace automáticamente de la investigación una actividad moralmente buena e ideológicamente neutra. La realidad es otra. La investigación siempre ha respondido a toda una gama de intereses diversos: desde la mera curiosidad o reflexión individual o grupal, hasta los fines económicos, políticos, ideológicos o militares. De los laboratorios y cubículos no solamente salieron innovaciones como la electricidad, los antibióticos o las computadoras; también se inventaron la bomba atómica, los agro-químicos y los alimentos transgénicos. Por ello, no existe La Ciencia, sino muchas ciencias, cada una de las cuales responde a condicionantes específicos de un tiempo histórico y de un espacio social. Existe una ciencia abstracta, una ciencia mercantilizada, una ciencia inútil, una ciencia sobornada, una “ciencia de Estado”, una ciencia sofisticada, una ciencia ingenua y, por fortuna, una ciencia crítica, comprometida social y ecológicamente. Los miembros de la UCSS pertenecemos a esa última y, por lo mismo, estamos interesados en el establecimiento, desarrollo y consolidación de todos aquellos esfuerzos de investigación que buscan superar la tremenda crisis ecológica y social del mundo contemporáneo. Ello nos conecta de inmediato con el nuevo paradigma de la sustentabilidad o de la sociedad sustentable, una novedosa propuesta en pleno cocimiento teórico y práctico, que busca superar las limitaciones más notables de la civilización actual, industrial, capitalista, tecnocrática y materialista. La sociedad sustentable, requiere para construirse, de conocimientos científicos y tecnológicos en agro-ecología, para la transición energética, en economía ecológica, para producir alimentos sanos, para crear ciudades autosuficientes e industrias limpias y reciclables, ordenamientos ecológicos de los territorios, casas u hogares sustentables, municipios verdes, individuos en equilibrio con su entorno y, en fin, un planeta sano y seguro. La UCCS abre un programa sobre ciencia y sustentabilidad dirigido a orientar todos esos esfuerzos y a discutir sus implicaciones sociales, políticas, culturales y filosóficas.
¡Bienvenidos!
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Científicos por una biotecnología de punta con vocación social y ambiental para México
Síntesis del grupo sobre Maíz Transgénico en México de la “Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS).
En fechas recientes se han aprobado una serie de requisitos administrativos establecidos dentro de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) que abren la puerta a la posibilidad de sembrar maíz genéticamente modificado o transgénico en nuestro país. Esto se vuelve preocupante dada una serie de consideraciones que, a continuación, presentamos en este artículo.
México es el centro de origen y diversidad de maíz y está obligado por la Convención sobre la Diversidad Biológica (Brasilia, 1992) a conservar su riqueza biológica (Matsuoka et al., 2002, PNAS 99: 6080). Además, el maíz es el alimento básico de nuestro país con un valor nutricional y cultural medular.
La incertidumbre científica, la identificación de riesgos al ambiente, además de la experiencia acumulada desde 1988 en el primer Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola (CNBA), en el que se identificaron, en la práctica, otros riesgos particulares para la agricultura mexicana por el uso y liberación de maíz genéticamente modificado o transgénico, fueron determinantes para que en 1998 se estableciera una moratoria de facto a la siembra experimental de maíz transgénico en México.
En todo el mundo, los eventos transgénicos deben analizarse caso por caso. En Europa esto implica también un análisis para cada sitio de introducción. Sin embargo, las plantas transgénicas ¾al liberarse en centros de origen y diversidad¾ se entrecruzan con las variedades nativas cultivadas y silvestres. Después de algunas generaciones, los transgenes quedan integrados en diversos contextos genómicos y sus efectos en los rasgos de las plantas dependerán del sitio de inserción. Esto implica un aumento cualitativo y cuantitativo en las incertidumbres asociadas con la liberación de transgénicos al ambiente.
A pesar de la moratoria, en 2001 Quist y Chapela reportaron la presencia de transgenes en poblaciones nativas de maíz oaxaqueño (Revista Nature, Vol. 414). A partir de esa publicación se han producido otros reportes, algunos de ellos que confirman y otros que contradicen (Quist and Chapela, 2001; Ezcurra et al., 2002; Ortiz et al., 2005). El 13 de noviembre del 2008, se reseñó un artículo que está en prensa en Molecular Ecology, que muestra evidencia clara de la presencia de transgenes en colectas de maíz de Oaxaca en 2001 y 2004.
A pesar de ello, en 2003 la SAGARPA levantó la moratoria y se reinició el proceso de recepción de solicitudes para la siembra experimental de maíz transgénico a campo abierto en México.
Lo anterior parece contradictorio con el hecho de que el Senado de la República ratificó el Protocolo de Cartagena en el que se subscribe el Principio de Precaución (PP) que dice: “Con el fin de proteger el ambiente, los Estados deben aplicar el PP generosamente de acuerdo a sus capacidades. Cuando hay riesgo de daño irreversible, la falta de certidumbre científica absoluta, no debe ser usada como base para evitar o retrasar el establecimiento de medidas eficientes para evitar degradación ambiental.”
Estos antecedentes motivaron a los agricultores de las comunidades afectadas en Oaxaca, junto con varias organizaciones no gubernamentales, a solicitar un informe en conformidad con el Artículo 13 del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte sobre este asunto. Este informe, preparado por un comité científico ad hoc, recomendó, entre otras cosas, que se debía mantener la moratoria a la siembra comercial de maíz transgénico; sin embargo, también recomendaron que la moratoria no se aplicara al cultivo experimental de maíz transgénico. Esta ambigüedad, permitió el reciclamiento de los argumentos esgrimidos por las empresas biotecnológicas transnacionales para replantear solicitudes de experimentación a campo abierto con maíz transgénico en México.
El 18 de marzo del 2005 entró en vigor la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) que a pesar de retomar en la letra el Principio Precautorio (Artículo 9, LBOGM), lo contradice en su contenido, no obstante que su finalidad central es la regulación de los OGM y la bioseguridad. El instrumento legal que más claramente retoma este espíritu de protección es el mantenimiento de un Régimen de Protección Especial para el Maíz (RPEM) y otras plantas para las cuales México es centro de origen y diversidad.
A pesar de que hasta ahora no se ha consensuado ningún Régimen de Protección para cultivo alguno, en el caso del maíz, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), han desarrollado acuerdos que sustituyen el establecimiento del Régimen Especial de Protección del Maíz en todas sus dimensiones. Estas iniciativas pudieron estar animadas porque un régimen de protección del maíz había sido una razón crucial para desestimar las solicitudes de siembra hechas por diferentes corporaciones agrobiotecnológicas.
Por otra parte, sabemos que no existen elementos suficientes para determinar centros de origen, diversidad y domesticación de cultivos. En el caso particular del maíz por su biología reproductiva y capacidad de dispersión, los datos sugieren que todo el territorio nacional puede considerarse como centro de diversidad. Un estudio bien fundamentado sobre esto implicaría un trabajo riguroso e intenso con la participación de un grupo de expertos de varias áreas.
Sin embargo, en el transcurso de dos semanas, se desarrolló el documento base para el acuerdo del RPEM que suscriben la SAGARPA y SEMARNAT. En este documento se estableció que no había diversidad de criollos alrededor de los campos experimentales del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias (INIFAP) en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, particularmente en sus distritos de riego. Sin embargo, existe evidencia que contradice dicha resolución, y que demuestra que en esos centros del INIFAP se trabaja con maíces criollos para mejorar su calidad proteíca, cerca de los cuales se pretende sembrar el maíz transgénico.
Por su parte, el Instituto Nacional de Ecología (INE) de la SEMARNAT publicó en su sitio de Internet un documento con “los elementos técnicos sobre México como centro de origen” cuyos datos contradicen el documento aprobado de SAGARPA/INIFAP/DGIRA. El 16 de noviembre del 2005, SAGARPA envió otro anteproyecto a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), que incluye la opinión técnica del INE para establecer el régimen de protección especial de maíz.
Científicos y técnicos de instituciones públicas de investigación preocupados por la falta de coordinación y de acciones concretas encaminadas a proteger la diversidad del maíz mexicano, los intereses de amplios grupos sociales y evitar riesgos a la salud y al ambiente, se han reunido en diversas ocasiones y han consensuado propuestas concretas con base en análisis rigurosos con ONGs y otros grupos sociales.
Por ejemplo, en junio del 2006 se llevó a cabo una reunión en la Cámara de Diputados, donde se reunieron más de 40 investigadores que signaron el “Manifiesto por la Protección del Maíz” (El Universal, julio 206), el cual enumera los requerimientos mínimos necesarios para proteger la diversidad de variedades nativas (“criollo”) de maíz México. La intención principal de estos esfuerzos de científicos independientes es contribuir con la experiencia desde disciplinas diversas, en colaboración con ONG y otras organizaciones de campesinos y productores, en el análisis de una problemática que se podría considerar nodal para la seguridad alimentaria y la integridad cultural de México.
Otro esfuerzo académico encaminado a sentar las bases necesarias para la protección del maíz fue realizado en el Minisimposio sobre Biocomplejidad y Maíz Transgénico en México llevado a cabo los dias 19 y 20 de septiembre del 2006, en la “Casa California” de la Universidad de California (Estados Unidos) convocada por investigadores de ésta y de la Universidad Nacional Autónoma de México. En dicho simposio se concluyó que es necesario desarrollar y perfeccionar los métodos de muestreo y de laboratorio para establecer en México un programa de monitoreo de transgenes en razas de maíz criollo, en particular, y de bioseguridad de organismos genéticamente modificados en general. En este minisimposio se concluyó que las líneas de maíz transgénico ofrecidas comercialmente, hasta ahora, no podrán solucionar los problemas de la agricultura mexicana y su uso implica incertidumbres y riesgos importantes. Se reiteró, de manera sobresaliente, la negativa consensuada a usar al maíz como sistema de expresión de sustancias no aptas para el consumo animal o humano (p. ej., plásticos, fármacos y otras sustancias industriales).
El maíz es de polinización abierta y cruzada, y se ha demostrado que una vez que se siembra a campo abierto no es posible segregar el maíz transgénico del no transgénico. En Estados Unidos, donde las compañías controlan el abasto y distribución de semillas y éstas no se reciclan de un ciclo agrícola a otro, más del 70% de los acervos de este grano que no debían tener transgenes están contaminados por estos, en una proporción mayor a la aceptable (1%). Para más información, ver el reporte “Gone to Seed” de la Union of Concerned Scientists (http://www.ucsusa.org).
Además ha habido varios casos de escape de transgénicos sembrados en áreas restringidas bajo régimen experimental. Y ya se siembran en Estados Unidos de Norteamérica miles de hectáreas de maíz bio-reactor que expresa substancias industriales y farmaceúticas no aptas para el consumo animal o humano. Este hecho, y los datos de la capacidad de dispersión del maíz implican un riesgo preocupante de contaminación de los acervos de maíz comestible.
Deben implementarse medidas de bioseguridad proactivas más (y no menos) restrictivas de las que permitieron el flujo de transgenes a las variedades nativas. También es urgente establecer un monitoreo eficaz de todo el maíz que entra a México proveniente de Estados Unidos de Norteamérica (grano de importación e híbridos comerciales reportados como no transgénicos) para detectar y en su caso atender cualquier infiltración del maíz bio-reactor en la cadena productiva y alimenticia de maíz en México.
El riesgo de la presencia no deseada de transgenes aunado a la insuficiencia tecnológica de las líneas de maíz transgénico en el mercado, nos llevan a proponer un programa alternativo de protección y mejoramiento de las variedades de maíz criollo mexicano con biotecnología de punta, que además maximice la ventaja comparativa de México como país megadiverso, priorice los beneficios socio-ambientales sobre los privados, y evite los riesgos de los transgénicos. Todo ello, encaminado a una producción suficiente de alimentos seguros y diversos en el marco de una agricultura sustentable.
Los maíces transgénicos que se quieren poner a prueba en nuestro país pertenecen a una generación ya superada en la ingeniería genética. Las empresas que los comercializan ya están desarrollando tecnologías nuevas. La obsolecencia técnológica es otro argumento para adoptar una postura precautoria con respecto a la liberación de los transgénicos disponibles en el mercado al ambiente.
En México existe el conocimiento técnico-científico y también tradicional para desarrollar alternativas de mejoramiento del maíz y sus prácticas de cultivo aptas para nuestras condiciones. Lo cual se hace más urgente ahora que ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación una nueva versión del Régimen de Protección para el Maíz parcial encaminado a dar paso a las propuestas por las compañías, pero incompleto en su mandato central: el biomonitoreo y la bioseguridad.
El grupo interdisciplinario de investigadores dentro del comité de trabajo de Maíz Transgénico en México ha sintetizado la información científica desde diversas disciplinas en torno a las ventajas reales de los transgénicos actuales en relación a la problemática actual en las diferentes regiones del campo mexicano, y a los riesgos derivados de su uso para el maíz mexicano a nivel local y nacional.
Todo ello, en contraste con las variedades mejoradas o criollas ya existentes no transgénicas. También se empeñará en impulsar iniciativas para la protección de los recursos genéticos del país y su mejoramiento minimizando los riesgos y maximizando los beneficios sociales y ambientales. Toda esta información se está sistematizando e integrando en un expediente para el caso del Maíz transgénico en su centro de origen: México. El resumen ejecutivo de dicho expediente está disponible en la página de la UCCS (www.unionccs.net) y se hará público en su primera versión completa a inicios del 2009.
Invitamos a nuestros colegas de todas las áreas del conocimiento a unirse a este esfuerzo desde sus ámbitos de experiencia y evitar que se contamine con transgenes el centro de origen y diversidad del maíz.
Asímismo, manifestamos que los científicos que poseen patentes de transgénicos o que colaboran con compañías que las tienen, tienen un conflicto de intereses en torno a esta problemática, si dichos desarrollos fueran propuestos para su liberación a campo abierto en México. Contar con este tipo de patentes para transgénicos de uso agrícola es en principio aceptable si dichos científicos están convencidos de sus ventajas tecno-científicas con respecto a otros desarrollos. Pero es importante que estos científicos hagan claro y explícito dicho conflicto con el fin de que las instancias de Gobierno y la ciudadanía tengan conocimiento de esto al escuchar y evaluar sus opiniones en torno a las incertidumbres y riesgos que implica la liberación al ambiente de plantas transgénicas.
La documentación generada por este esfuerzo colectivo se hará disponible a través de la página de la UCCS: www.unionccs.net.
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PROGRAMA DE URBANIZACIÓN NO SUSTENTABLE
(Andrés Barreda)
La condición subordinada y dependiente que a medidos del siglo XX sufrió México se reflejó en la forma en que, bajo la política nacional de sustitución de importaciones, se optó por concentrar hasta el cincuenta por ciento de la industria nacional en la ciudad de México entre los años setenta y ochenta. Ello determinó una relación extremadamente desequilibrada y perversa entre el campo y la ciudad. Así, la industrialización nacional se subvenciona pagando salarios excepcionalmente baratos, que derivan de los alimentos producidos por campesinos empobrecidos, quienes venden sus productos a las ciudades, que siempre los pagan por debajo de su valor. Centralismo urbano extremo que adicionalmente impide el desarrollo autónomo y complementario de todas las demás regiones del país.
No obstante, durante el neoliberalismo ¾pero muy especialmente durante la era de los tratados de libre comercio¾ México sufre un severo proceso de desindustrialización. Aún así, el crecimeitno urbano no se detiene, sino que avanza aceleradamente como nunca antes. Tampoco la densa emigración hacia Estados Unidos, el flujo migratorio más grande del mundo, mitiga el crecimeinto de las ciudades mexicanas. Pues, a la par del proceso de abandono del campo, otras casuas apuntalan el crecimiento de la ciudad de México ¾la segunda más grande del mundo¾, aunque también durante esta era ocurre un crecimiento acelerado de otras ciudades del país. Tanto la reproducción natural de su población urbana, la aplicación dolosa de políticas públicas de descampesinización, la terciarización de la economía urbana, la privatización exahustiva de todos los servicios urbanos, la desregulación ambiental, el deterioro y la severa corrupción de la clase política encargada de aplicar las políticas de desarrollo regional y urbano o por la especulación inmobiliaria, han convergido para incentivar la efervecencia urbana.
Como resultado de ello, el crecimiento de la ciudad de México ¾que por un momento los urbanistas suponen, de manera ingenua, ha llegado a su término¾ en realidad sólo está desplazando su fuerza inusitada hacia la corona de ciudades y ayuntamientos que la rodean, pero también hacia muchas otras ciudades grandes o intermedias del país.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue diseñado desde su origen tomando como las principales ventajas comparativas de la economía del país al bajo precio de la mano de obra y a la desregulación ambiental. Ello convirtió a México en un destino muy atractivo para diversos capitales internacionales. No obstante, con el ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio, esta nación ha retomado, a inicios de siglo, el liderazgo internacional de la industria maquiladora, en severo detrimento de la estratégia mexicana de superexplotación de los trabajadores nacionales. A partir de ese momento, el principal factor de atracción del capital extranjero es la baja o nula regulación ambiental del país. Lo que coincide con el periodo en que Estados Unidos se ha opuesto firmemente a la regulación internacional de las emisioes de gases de efecto de invernadero.
En dicho contexto, los numerosos factores dislocantes de la vida urbana y el medio ambiente que se habían acumulado en México durante las últimas décadas, terminan por salirse completamente de cauce. Pues, durante este periodo se ha dado rienda suelta a la privatización de la construcción de vivienda de intereses social; a la sobreexplotación y contaminación de los recursos hídricos, así como a la privatización de los sistemas operadores de agua y los servicios de recolección, tratamiento y confinación de basura; a la privatización de los servicios de transporte, comunicaciones, salud y educación pública, seguridad social (pensiones, privatización de la deuda, etc.), segurdad pública y recreación. Como parte de esta lógica, prolifera la construcción de nuevas estaciones de gasolina, decenas de miles de centros comerciales y tiendas de conveniencia, carreteras y libramientos destructores de campos, bosques e incluso áreas naturales. En consecuencia, la urbanización desordenada provoca una destrucción progresiva del hábitat y del derecho de los ciudadanos al lugar en donde viven. Ello ha ocasionado que diversos grupos de población vulnerable padezcan severos colapsos sociales y ambientales, así como del deterioro alarmante de su salud. Precarización de la calidad de la vida que estimula una expansión y una acumulación del descontento social en numerosas ciudades de México.
Ante este difícil panorama, se vuelven necesarios y urgentes estudios interdisciplinarios (médicos, epidemiológicos, toxicólogos, geohidrólogicos, psicológicos, económicos, etc.) que no sólo den cuenta de los efectos nocivos sobre la salud y el medio ambiente, sino que generen propuestas de solución que realmente ayuden a la sociedad a resolver los efectos de la urbanización acelerada. La UCCS, consciente de esta problemática, ha conformado el Programa de trabajo sobre Urbanización no sustentable, el cual se ha propuesto la creación de un grupo científico e interdisciplinario que documente y analice los efectos generados por esta dinámica de urbanización desordenada, y así colocar este importante tema en el centro de la opinión publica.
Durante 2008, este programa ha comenzado la construcción de un expediente ambiental que concentre la información de los diversos procesos de urbanización no sustentable en el país, con el fin de contar con elementos para el análisis y la generación de propuestas. Además, ha emprendido la realización de un diagnostico epidemiológico sobre los impactos en la salud derivados de la urbanización en la comunidad de Alpuyeca, Morelos, al tiempo que se aplican estudios sobre la contaminación del suelo, y metodologías de biorremediación para otras regiones afectadas del estado.
Sin embargo, el trabajo del programa de Urbanziación no sustentable no ha hecho más que iniciar. Dentro de las actividades previstas se encuentran:
1. El reconocimiento sobre la generación, distribución y disposición final de la basura producida en el marco de la ciudad de México. Ello se debe a que éste es uno de los problemas que más aqueja a la población y al medio ambiente (en esta ciudad se generan diariamente 12, 364 toneladas de basura, de las cuales 82 por ciento jamás se recicla).
2. El establecimiento del Observatorio Local de Salud Comunitaria en Alpuyeca; con el fin de que sea la misma población la que autogestione la vigilancia y prevención de focos de infección.
El programa de Urbanización no sustentable de la UCCS da cabida a todos aquellos investigadores y estudiantes de las más diversas disciplinas, que busquen comprometer con la sociedad sus actividades y conocimientos, con el fin de participar activamente en la realización de diagnósticos científicos, que aporten elementos para el diseño comunitario de alternativas de solución ante los efectos de la urbanización desordenada.
